Por Fernando Dorado
Popayán, 5 de abril de 2022
Para quienes no conocen la
estructura del Estado colombiano es difícil comprender lo importante que es
acceder a la presidencia de la república. No es un asunto menor[1]. Por ello en este país la oligarquía y la
casta política tradicional no duda en hacer hasta lo imposible -fraude o
asesinato- para evitar que los sectores populares puedan elegir a uno de los
suyos en ese cargo.
Ellos saben que un ejercicio de ese
tipo puede ser una válvula que desencadene un movimiento social y político que
ponga en peligro muchos de sus privilegios históricos. Son conscientes del
grado de pobreza, desigualdad, inequidad e injusticia que existe en este país y
temen que un gobierno democrático sea rebasado o superado por una avalancha de
tipo popular.
No obstante, la actual dirigencia
progresista sabe que los cambios estructurales no se pueden realizar de un día
para otro. Son conscientes que el camino insurreccional nos llevaría a nuevas
guerras, al bloqueo imperialista y a la derrota. Y por ello, se plantean
construir a mediano plazo un futuro común con los trabajadores y pueblos
latinoamericanos, una economía productiva y sostenible (social y
ambientalmente) y una democracia participativa como instrumento político.
Es importante subrayar que en la
mayor parte del territorio colombiano subsiste una dominación colonial en donde
los herederos de la vieja aristocracia terrateniente y esclavista utilizan al
Estado para controlar a la población mediante una especie de clientelismo
burocrático, corrupto y mafioso, que interviene en todos los aspectos de la
vida económica, social, política y cultural de las gentes.
En las regiones donde el desarrollo
capitalista ha reducido ese control (Bogotá, Cali y otras ciudades), y en las
zonas en donde las comunidades campesinas, indígenas y afros han
construido procesos de organización popular (Nariño, Cauca, Putumayo, parte del
Tolima, Huila y Boyacá, etc.), se ha transitado por caminos de emancipación
social. En otras regiones, especialmente las golpeadas por las Farc, ese
control se mantiene aunque se observan avances libertarios sustanciales.
Sin embargo, se debe señalar que la
violencia ha sido la herramienta preferida por la casta dominante colombiana
para impedir el avance de los trabajadores y los pueblos. Desde siempre esa
oligarquía terrateniente de origen esclavista (que hoy es una oligarquía
financiera transnacional) ha usado la provocación violenta para generar
alzamientos prematuros, para aislarlos y golpearlos, y así, ha desaparecido a
los dirigentes populares mediante la persecución y el asesinato selectivo.
Lo hicieron durante la revolución
comunera (1781), en los primeros años de la guerra de independencia (1810-13),
en la época de las sociedades democráticas y la acción del general José María
Melo (1854), en los tiempos de la “guerra de los mil días” (1899-1902), durante
las huelgas “salvajes” de finales de la década de los años 20s del siglo XX
(masacre de las Bananeras), y antes y después de asesinar a Jorge Eliécer
Gaitán (1948). Ha sido la constante en nuestra historia.
Hoy, luego de 70 años de conflicto
armado, en donde esa oligarquía consiguió instrumentalizar la acción de las
guerrillas insurgentes para impedir la organización y la acción masiva de los
sectores populares, se están presentando las condiciones para dar un salto de
calidad, emulando en parte a los pueblos latinoamericanos vecinos, pero a la
vez, tratando de superar esas experiencias con base en una serie de acumulados
históricos que es necesario valorar y precisar[2].
Por ello, la dirigencia progresista
y de izquierda ha diseñado una estrategia para acceder por vías pacíficas a la
presidencia de la república, establecer un “gobierno de transición” hacia la
democracia y la paz, e iniciar un proceso tranquilo y paciente de
transformación de la sociedad, que incluye el concepto del “buen vivir”
o el “vivir
sabroso” que ha planteado Francia Márquez. “Convertir a Colombia en un
potencia mundial de la vida”, es su consigna principal.
Es indudable que hoy tenemos una
extraordinaria dupla de dirigentes que encarnan lo mejor de nuestro
pueblo. Petro y Francia representan lo más avanzado de los
trabajadores, mujeres y jóvenes de nuestras ciudades y de las comunidades
campesinas, indígenas y negras, que han desarrollado durante las últimas dos
(2) décadas luchas sociales de gran importancia regional y nacional[3]. Su propuesta
programática recoge esas causas y plantea las principales soluciones.
La coyuntura de la primera vuelta y
cómo ampliar la coalición
En esta coyuntura el Pacto Histórico
afronta un problema táctico. Para derrotar al candidato “uribista-duquista”
(Fico Gutiérrez) se necesita sumar por lo menos 6 millones de nuevos electores
con relación a lo obtenido el 13 de marzo/22. Y, a pesar del extraordinario
entusiasmo y de la enorme mística que ha desatado la candidatura a la
vicepresidencia de Francia Márquez, todos son conscientes que para obtener
el triunfo en la 1ª vuelta se debe ampliar la coalición.
En ese sentido, aunque la mayoría de
los dirigentes del Pacto Histórico tienen claro que se deben hacer esfuerzos
para obtener el apoyo del Partido Liberal, no todos sus integrantes entienden
la importancia de esa tarea. Es evidente que mientras César Gaviria sea su
líder (expresidente que implementó las políticas neoliberales en 1990), tendrán
que hablar con él y llegar a acuerdos. Es bueno tener en cuenta que una parte
de los senadores liberales elegidos y la mayoría de los representantes a la
Cámara liberales (electos) ya están con Petro, en parte, forzados por las bases
sociales o por su propia convicción, pero el significado de un apoyo
oficial es muy importante.
Las llamadas líneas
rojas que ha colocado Gaviria no tocan en lo esencial las reformas
planteadas por el Pacto Histórico como son los cambios a las EPS, fondos de
pensiones privados, reforma tributaria progresiva, industrialización del
aparato productivo, etc. Además, no se ha pensado impulsar una Constituyente
debido a que la Carta Política de 1991 tiene un margen de desarrollo por vía
legislativa, y menos se va a proponer la reelección presidencial (que fue
propuesta de Uribe), que son asuntos que preocupan a algunos sectores del
liberalismo.
Es más, hacer público esos posibles
acuerdos -así Gaviria le saque el cuerpo a la alianza- es beneficioso para el
Pacto Histórico por cuanto se envía un mensaje de tranquilidad a un conjunto de
personas que militan en diferentes partidos o que no militan en ningún partido
pero que pueden ser influenciados por las campañas engañosas y las mentiras que
utilizan los contradictores de Petro para meter miedo con base en las supuestas
pretensiones autoritarias y antidemocráticas del candidato del Pacto[4].
Igualmente, llegar a acuerdos con
los liberales no implica que el Pacto Histórico se someta a la voluntad de sus
aliados pero si le garantizaría una gobernabilidad suficiente a un eventual
gobierno de Petro. Lo principal que se debe entender es que un “gobierno de
transición” requiere de una gran convergencia política y social para consolidar
la paz, fortalecer la participación democrática, y avanzar -con calma y
tranquilidad- hacia los cambios que nuestro pueblo necesita y requiere.
Es clave comprender que el hecho de
buscar un acuerdo con esos sectores “tradicionales” es también un mensaje
público sobre el talante democrático del Pacto Histórico y sus candidatos. Y no
es un asunto menor cuando los contradictores de derechas y guerreristas tratan
de posicionar la idea -como lo lograron hace 4 años (2018)- de que “Petro
es una amenaza para la democracia colombiana”, y ante la posibilidad cada
vez más cercana de su triunfo electoral, han iniciado una campaña agresiva que
incluye amenazas y llamados a “armarse”
para defender la libertad.
El triunfo del Pacto Histórico está
cada vez más cerca pero su dirigencia no puede dejarse provocar, aislar o
tensionar. La alegría y la creatividad que ha mostrado nuestra juventud en las
movilizaciones sociales debe seguir estando al frente de la campaña electoral
como garantía de victoria.
[1] El régimen “presidencialista”
en Colombia le otorga un enorme poder a quien lo ejerce, dado que tiene en sus
manos una serie de herramientas para colocar a los demás poderes (legislativo,
judicial, público y electoral) bajo su tutela. Los denominados “cupos
indicativos” o cuotas parlamentarias, le da una gran capacidad para cooptar a
senadores y representantes a la Cámara, y la forma como se eligen los
magistrados, fiscal, procurador, contralor, defensor del pueblo y otros órganos
de control, le permiten incidir en forma determinante en su selección, elección
y nombramiento.
[2] Existen acumulados
organizativos entre las comunidades indígenas, negras y campesinas, en sus
luchas medio-ambientales y en defensa del territorio; también están en
construcción nuevos procesos de organización entre los jóvenes, las mujeres, y
los profesionales precariados de las ciudades; y existen importantes
experiencias productivas entre los pequeños y medianos productores
agropecuarios. Además, el hecho de contar con una Constitución Política
relativamente avanzada, nos libra de caer en el “fetichismo de la Ley” y nos
coloca en la tarea práctica de combinar la institucionalidad existente (así sea
colonial y capitalista) con las acciones propias y concretas de la
gente.
[3] En 2008 la Minga Social y
Comunitaria y el paro de los corteros de caña; en 2011 y 2018, las grandes
movilizaciones estudiantiles universitarias; en 2013, el paro cafetero y el
paro nacional agrario; en 2017, el paro cívico de Buenaventura y Quibdó; en
2019 y 2021, el paro nacional contra la reforma tributaria que se convirtió en
un verdadero “estallido social” que impactó a todo el país durante varios
meses. Y en medio de estas luchas se han desarrollado innumerables luchas
locales o regionales por servicios públicos, contra los proyectos
minero-energéticos que degradan nuestra naturaleza, por sustitución de cultivos
de uso ilícito, y otra serie de causas particulares.
[4] Todos los medios de
comunicación del “uribismo” (ej. Periódico
Debate) y la intervenciones del candidato Gutiérrez, plantean que Gustavo
Petro es “castro-chavista”, comunista, “prorruso”, enemigo de la democracia y
demás embustes.
E-mail: ferdorado@gmail.com
No hay comentarios:
Publicar un comentario